“Anuncia Morelos cruzada contra la trata y la prostitución”; mientras que en el boletín de prensa No. B-3194 del Gobierno del Estado (del día 19 de mayo de 2014) esta noticia se detalla bajo el encabezado “Graco Ramírez enlista acciones contra la trata de personas y prostitución infantil”.
Ante
las notas periodísticas, cabría preguntarse si el Estado de Morelos ha
decidido, asumiendo una postura abolicionista, prohibir el trabajo sexual en la
entidad; mientras que, leyendo el encabezado del boletín de prensa, que no es
otra cosa que un comunicado oficial, es menester preguntarse qué hay qué hacer
para que a las y los funcionarios públicos de todos los niveles y responsabilidades
les quede claro que la prostitución
infantil NO EXISTE.
La
prostitución (o trabajo sexual) supone la mayoría de edad y voluntad de quien
la ejerce, supuestos que no están presentes, desde luego, cuando a una persona
menor de edad se le obliga, coacciona o engaña para ser sometida a actos
sexuales con una persona adulta. No, la prostitución
infantil no existe; existe, sí, explotación sexual infantil, que además de
que puede configurar una modalidad de la trata de personas, es un abuso de poder de la persona adulta, ya sea que consuma, explote o encubra el acto.
Utilizar
la expresión prostitución infantil contribuye a la normalización del fenómeno
de explotación sexual infantil, y de manera implícita e inmediata, violenta los
Derechos Humanos de niñas y niños víctimas de este delito.
La trata
de personas, como fenómeno y como delito, aún no ha sido suficientemente
estudiado ni comprendido ni por las personas responsables de perseguir el
delito e impartir justicia, ni por educadores y/o formadores, legisladores,
informadores y líderes de opinión. Y aún con esas carencias, a diestra y
siniestra, cualquier persona opina, comenta y dictamina… a la par que los
medios mal informan y desinforman.
Es
un fenómeno complejo, cierto; no obstante, los medios no pueden ni deben pasar
por alto el importante papel que desempeñan en la divulgación de información
que contribuye (o debiera contribuir) a la prevención, denuncia y protección de
la niñez y adolescencia ante todo tipo de delito. No es una opción: quien
informa tiene la obligación de hacerlo de manera responsable, punto.
